En el recientes Congreso Tinet organizado por la OASI en la Diputación de Tarragona escuché a Antoni Mirabete, responsable de Càtix (Linux en catalan), decir algo que me sorprendió: “la Administración de Justicia paga unos 3.000 euros por cada formulario que su proveedor de informática le convierte en PDF”.

Todos sabemos que la ignorancia tiene un precio (la mayoría de usuarios de Windows no lo saben, pero lo descubren en cuanto prueban otro sistema operativo). Todos sabemos que muchos negocios (sino la gran mayoría) y la base del comercio está en el desequilibrio (de oferta y demanda, de conocimiento e ignorancia, etc). Pero lo que está claro es que el precio de la ignorancia lo ha de pagar cada cual.

Yo no sé algo, y pago para que me enseñen (por ejemplo: formación académica, cursos, formación específica, etc). O para que otro haga algo por mí (como servicios de fontanería, de jardinería, de medicina, etc). Cuando uno es consciente de ello, es lo más normal del mundo.

Luego está el caso del aprovecharse del desconocimiento de otro (lo que en el mundo empresarial a veces se llama “ventaja competitiva”), lo cual no está demasiado bien, pero es una práctica tan habitual y difícil de erradicar que podemos aceptarla tal y como está (por ejemplo cuando nos piden dinero de más por solucionar una avería mecánica en el coche cuando no es tan grave, o cuando nos venden un yogurt más caro por ser “bio” cuando todos los yogurt son “bio”, pues sino lo son no se pueden llamar yogurt).

Pero lo que es inaceptable es que la Administración Pública, con el dinero que a todos los contribuyentes nos cuesta sangre sudor y lágrimas ganar, pague de más por desconocimiento. Porque, el ejemplo que he puesto sólo puede demostrar desconocimiento (el no saber que desde un procesador de textos, una base de datos, etc se puede guardar un documento en formato PDF de modo automático y gratuito en cuestión de segundos). Descartando otras posibilidades por ilegales (como que alguien se lleve comisión de eso, o que sea un dato falso), sólo nos queda esta que sin ser ilegal (en principio) es altamente inmoral.

Señores de la Administración: ya está bien de derrochar nuestro dinero, nuestros impuestos, en pagar licencias carísimas a empresas que recogen sus beneficios en otros países, por software privativo que limita la competencia y el desarrollo de la industria nacional, fomenta el uso de formatos privativos que limitan el acceso de los ciudadanos a documentos públicos, y viola la LOPD al tener bajo código opaco (protegido por copyright en España y por patente en EEUU) la posibilidad de garantizar la integridad de los datos. Y sobretodo basta ya de pagar cantidades enormes de dinero por trabajos que mis amigos del software libre les pueden hacer por una fracción de dinero y con la punta del… ratón.